Las recientes fluctuaciones del valor del bitcoin como respuesta a las noticias aparecidas en medios acerca de la predisposición de grades empresas a usar esta criptomoneda para sus transacciones comerciales o para vender fondos de inversión, han puesto de manifiesto dos cuestiones clave: la primera, la fuerte volatilidad del bitcoin como activo que puede terminar convirtiéndose en refugio para avezados y grandes inversores y, la segunda, las crecientes reticencias por parte de los bancos centrales a que pueda constituirse en instrumento de pago o de intercambio económico.
El espíritu con el que nacieron las criptomonedas como alternativa al sistema monetario convencional, regulado e intermediado por los bancos centrales, tuvo sentido como aspiracional de una parte del mercado que quería jugar con unas reglas diferentes a las impuestas, aprovechando que la tecnología blockchain les facilitaba un entorno altamente seguro, desintermediado y anónimo, pero ha evolucionado a un modelo que sigue las mismas reglas que el mercado bursátil y, sobre todo, se afianza sobre criterios especulativos basados en la interpretación que hacen sus algoritmos frente a las fobias y filias de sus propietarios ante los movimientos de grandes empresas e inversores.
En este convulso contexto surgen las “stablecoins” (o monedas estables) asociándose al valor de monedas “fiat” (respaldadas por el gobierno o autoridad monetaria emisora) para evitar la volatilidad que sufren las pioneras por su marcada dependencia de los flujos de compra/venta y la escasez de garantías y respaldo financiero real. Las “stablecoins” se configuran como “tokens” que son emitidos por empresas privadas que aseguran contar con el capital suficiente para garantizar el dinero en circulación, pero la sombra de dudas razonables sobre su cobertura total ha hecho que los bancos centrales manifiesten una gran preocupación por su auge. A mismo tiempo, recomiendan a sus gobiernos emitir o planificar la emisión de sus propias criptodivisas, como algunos de ellos ya han hecho con diferente resultado (Venezuela, Dubai, Senegal) y otros (China, Japón, Suecia, Estonia, Israel…) planifican una estrategia favorable que les permita equiparar en sencillez los flujos comerciales en “stablecoins” a los de las monedas legales, sin que ello les afecte a sus balanzas comerciales en relación con las divisas hegemónicas en las transacciones de exportación e importación.
Mientras que se realizan estos movimientos, el BCE da un paso más y avanza en las directivas que regularán el lanzamiento de “stablecoins” condicionándolo a requisitos de capital y liquidez, sometiendo a sus emisores a pruebas de estrés y a una exhaustiva vigilancia para que no escapen al control de los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales (sexta directiva europea AMLD6), y para que no influyan sobre la inflación ni pongan en riesgo la seguridad de los sistemas de pagos electrónicos. Con ello, el BCE trata de proteger la estabilidad del mercado y a los usuarios, quienes en el sistema bancario están protegidos por los fondos de garantía de depósitos (al menos hasta 100.000€ por titular en las entidades de crédito y el 100% del saldo en las entidades de dinero electrónico) mientras que en el de las criptodivisas están expuestos al quebranto total debido a posibles estafas, hackeos o pérdida de las claves. Ser custodios de sus propios activos y no existir garantías que respalden la inversión es un riesgo asumido, pero al que no se le está dando la suficiente trascendencia.
En el caso de España, según el informe anual de banca móvil realizado por ING, una décima parte de los españoles ha invertido en criptomonedas, un 32% espera hacerlo en los próximos meses y el 38% cree que será el medio de pago de un futuro inmediato. Este comportamiento es similar al que está sucediendo en los países latinoamericanos, aunque aquí se usa como alternativa a su deteriorado sistema económico, aquejado de recurrentes períodos de inflación alcista. Ello es indicativo de que los ciudadanos prefieren confiar más en las criptodivisas como valor refugio que en su propio sistema monetario o en otros activos regulados, caracterizados por su baja rentabilidad, aunque posiblemente el 90% de sus titulares no pasarían el Test de Idoneidad y Conveniencia (MIFID) si trataran de realizar ese tipo de inversión en una entidad financiera.
Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, están protagonizando en las últimas semanas tendencias alcistas que podrían justificar su aparente fortaleza, ya que las caídas que han sufrido por los comentarios de algunos personajes de relevancia, como Bill Gates o Janet Yellen, han sido compensadas por las recuperaciones impulsadas por otros como Elon Musk. Y tampoco parecen verse afectadas por las voces que las acusan de provocar un excesivo consumo energético durante los procesos de minería. Frente a este panorama optimista empiezan a surgir dudas sobre su futuro en la medida que se las obligue a someterse a una progresiva regulación y a que los bancos centrales aceleren la emisión de criptodivisas soberanas (CBDC). Algo en lo que parece estar de acuerdo el 86% de ellos, al menos en cuanto a explorar y experimentar esa opción (tal como refleja la encesta recogida en el reciente informe del BIS).
Las autoridades monetarias tienen el reto de, sin forzar el mercado, intentar la armonización entre las diferentes versiones sobre el dinero: las stablecoins y las criptodivisas emitidas de forma privada, el legal (sea físico o electrónico) y, ahora, las CBDC (Central Bank Digital Currencies). Plantearlo desde el punto de vista de competencia entre ellas sería un error en la medida que el poder legislativo está de parte de los organismos reguladores y pueden generarse tensiones al limitar la evolución natural e innovadora que se espera suceda. Otra cuestión es crear un marco regulador común (transparente e interoperable) para que los usuarios puedan decidir qué moneda utilizar cuando quieran hacer una inversión de alto riesgo o deseen usarla como medio de pago seguro. En todo ello tendrá un papel crucial su desarrollo en blockchain, que también permitirá mejorar los sistemas de identificación y autenticación personal con un estándar único y universal (SSI o Auto-Identidad Soberana) que evite fraudes o pérdida de claves y simplifique el proceso de verificación de identidad para todos los entornos operativos.
En torno a un 60% de los bancos centrales ya están haciendo pruebas de concepto para definir el alcance de un lanzamiento de CBDC en su ámbito doméstico y, sobre todo, en el externo, donde deberán tener en cuenta las diferencias transfronterizas entre economías y sus distintos niveles de digitalización. Pero quizá el principal escollo que tendrán que superar es cómo mantener la estabilidad del sistema financiero para que puedan convivir una criptodivisa soberana (valor contra un derecho del banco central) y una moneda legal (valor soportado por el pasivo de un banco privado) en un sistema interbancario no diseñado para ello y en el que están empujando con fuerza las grandes tecnológicas en su intención de convertirse en intermediarios financieros paralelos, a partir de la gestión de sus enormes bases de datos y de sus capacidades transaccionales de pagos digitales.
Quizá, como se recomienda en el informe publicado por el Comité ECON de la Comisión Europea, lo más eficaz sería crear un sandbox regulatorio en el que participen bancos centrales, privados y Fintech, pero en el que también deberían estar las empresas emisoras de criptomonedas y las Bigtech, para alcanzar una mejor comprensión del esquema tecnológico, de seguridad, transparencia, prevención de riesgos (fraude, blanqueo, liquidez…), de especialización en la finalidad de cada moneda (como inversión o medio de pago) y para proveer a los ciudadanos de herramientas sencillas y útiles para organizar sus finanzas y decidir con criterio cuál de las soluciones prefieren usar en cada transacción.
José Manuel Navarro Llena
CMO/COO – MOMO Group.
