El análisis que realicen los bancos centrales de los riesgos que puede entrañar el lanzamiento de criptodivisas (CBDC) ha de centrarse en varias cuestiones clave que pueden suponer un problema mayor a los beneficios de poner en circulación una moneda digital.
Entre ellas destaca la estabilidad del sistema financiero, ya que, para hacerlo, se ha de permitir que los ciudadanos accedan a su dinero custodiado por el banco central. Esto podría implicar un desplazamiento de parte de los depósitos existentes en la banca minorista hacia el banco central, movimientos que podrían incrementarse en situaciones de crisis financiera o de déficit de reputación por parte de alguna entidad. Confundir la función de la moneda digital como instrumento de pago con la opción de ahorro puede repercutir en el papel de intermediación financiera de la banca y desajustar sus balances de pasivo.
Este hecho se podría salvar si los bancos centrales delegaran la distribución de la moneda digital a través de los bancos, como se hace con el dinero fiat, aunque quedaría por ver cómo se resuelve la titularidad de la cuenta de dinero digital y el respaldo o garantía del 100% del saldo depositado, ya que no podría tratarse como un depósito de ahorro o de inversión sino como cuentas que solo admitirían movimientos de dinero vinculados a pagos P2P, C2B, C2C y C2A.
Otra cuestión añadida será cómo resolver el anonimato de los pagos, si el ciudadano desea mantenerlo como en el caso del dinero físico. La protección y trazabilidad de las transacciones queda resuelta, al igual que con las criptomonedas, por el uso de blockchain, pero que la titularidad de las cuentas de dinero digital esté en manos del banco central, o subsidiariamente de los intermediarios financieros, ofrecerá muchas dudas a los ciudadanos, salvo que sus datos personales puedan estar encriptados en una estructura opaca para esas instituciones o que las operaciones se realicen mediante “tokens” desde un monedero digital (“wallet”). Algo que es complicado de conciliar con la estricta legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como con las funciones supervisoras de los organismos reguladores.
La distribución mayorista del dinero digital usando infraestructuras ya existentes para el dinero fiat y el dinero electrónico puede ofrecer solidez al ecosistema de pagos digitales cuando ser realizan “online”, pero ¿qué sucederá cuando no exista conexión a internet? El procesamiento con limitación de importe en operaciones “offline”, la limitación de máximos (tanto en importe como en número de operaciones) en función de perfilado KYC o el control del saldo para no exceder el disponible son cuestiones que también pueden afectar a la viabilidad del CBDC.
